En los últimos años se han generado muchos instrumentos para erradicar la violencia contra las mujeres: protocolos de atención a víctimas, nuevas legislaciones, fiscalías especializadas y políticas públicas específicas orientadas a solucionar este problema. Sólo en el ámbito penal, el Código de la Ciudad contempla que la violencia familiar puede ser una conducta de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica. Dicha violencia es causal de divorcio y puede derivar en pérdida de la patria potestad, restricción de régimen de visitas o el impedimento de la guardia y custodia, también disponen la suspensión o pérdida de los derechos hereditarios. Pero las sanciones son apenas la punta del iceberg porque hubo importantes campañas de difusión, visibilización, sensibilización y concientización que, de algún modo, pusieron este delito en la agenda política de la Ciudad. Y los resultados son realmente sorprendentes.