Una parte muy importante de las demandas feministas que pudimos escuchar en las plazas públicas del país esta semana están íntimamente relacionadas con el mal funcionamiento del sistema de justicia local. Tanto las violencias más tremendas y visibles como son el feminicidio, la desaparición y la violación, como aquellas que son menos visibles pero más extendidas, como lo es la falta de pago de pensión alimenticia de los padres a los hijos, tienen en el centro gravitacional a las fiscalías y los tribunales locales del país. En esta última década, en México, todos los Congresos han aprobado y reformado leyes que buscan frenar los distintos tipos de violencia de género. Sin embargo, las instituciones que se encargan de hacer efectivas esas normas cuando se violan no las hemos tocado, sobre todo en sus estructuras, burocracias y procesos internos. Muchas de estas leyes, por tanto, son letra muerta.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".