Sin arreglos judiciales

En 2008, se aprobó en el Congreso de la Unión una de las reformas del sistema penal más ambiciosas desde la Constitución del 17. El abandono del sistema inquisitivo (escrito) y su reemplazo por el acusatorio (oral) intentó solucionar la mayoría de los problemas de la justicia penal: desconfianza, lentitud y altos niveles de impunidad. Se introdujeron nuevas figuras judiciales (por ejemplo, juez de control), se aumentó el estándar de evidencia y se incorporaron más garantías judiciales. Una de las ideas centrales del rediseño del proceso penal aplicable a delitos ordinarios o comunes era descomprimir el sistema, es decir, que los casos menores no terminaran necesariamente recorriendo todo el proceso judicial para llegar a un juez. Esto provocaba la ralentización de la justicia que debía resolver desde casos gravísimos hasta nimiedades de poca importancia. Para eso se incorporaron los medios alternativos de solución de conflictos (MASC) que permitían derivar casos donde las partes (con ayuda de un mediador) se pueden poner de acuerdo en resolver el tema sin necesidad de un juez.