NACIONAL
Se defienden acusados por Estela de Luz
Abel Barajas
Cd. de México (20 octubre 2015) .-22:12 hrs
"¿Te imaginas que un día te inviten a trabajar a un proyecto en el cual pongas todo tu empeño y dedicación en hacer bien las cosas para que posteriormente te acusen de algo que no hiciste? Pues eso es lo que nos pasó.
"Somos inocentes y estamos a punto de ir a prisión injustamente. Esto, definitivamente, no se lo deseamos a nadie, pero en fin, así es la supuesta justicia mexicana", clama Erick Treviño, ex miembro del Comité de Obra Pública de la Estela de Luz, en un video lanzado en redes sociales, a unas horas de que un tribunal determine su suerte.
El próximo jueves el Tercer Tribunal Colegiado Penal del DF tiene contemplado resolver si 8 de los inculpados deben o no continuar sujetos a juicio por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del caso de la Estela de Luz.
Si los magistrados les niegan el amparo en revisión, los procesados se exponen a que les impongan una garantía de mil 35 millones de pesos para conservar su libertad provisional, algo que desde ahora los propios ex funcionarios consideran impagable y los coloca al borde de la cárcel o de convertirse en fugitivos.
En el video titulado "La verdad a la luz", los acusados aseguran que están pagando la culpa de otros funcionarios y piden ayuda a la sociedad para limpiar su reputación, porque todos tienen familia y no han conseguido trabajo desde que fueron imputados por la PGR.
Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto; Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro, y Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción, piden justicia en la videograbación.
También Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas, y Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico.
El tribunal resolverá la suerte de ellos y de su compañero Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial.
Todos ellos eran parte de la empresa paraestatal iii Servicios y miembros del Comité de Obra Pública de la Estela de Luz, que el 5 de enero de 2010 votó en favor de exceptuar el procedimiento de licitación y contratar la obra por adjudicación directa, dado que se pretendía inaugurar el monumento el 15 de septiembre del mismo año.
Los acusados siempre han sostenido que la acusación de la PGR fue injusta y destinada a proteger a funcionarios de otro nivel, debido a que ellos no firmaron ningún contrato de obra ni modificación, ni ejercieron un solo peso del erario. Sólo decidieron el procedimiento de contratación.
En entrevista, Fernando Raúl Spadoni consideró que sería una injusticia del tribunal si rechazara ampararlos contra la formal prisión dictada por el juez Rubén Darío Noguera Gregoire desde el 21 de mayo de 2013.
"El tribunal está en libertad de decidir lo que considere, pero yo creo que sería una injusticia si no resuelven a nuestro favor, estoy completamente seguro, es una verdadera injusticia.
"Sí corremos ese riesgo (de una fianza alta o ir a la cárcel), cuando en verdad no tuvimos absolutamente nada que ver con la construcción, que es finalmente el problema, si es que hay problema; el sobreprecio existe. Si hubo algo irregular en el sobreprecio, pues eso es algo en lo que nosotros no tenemos ninguna relación", dijo.
En abril de 2014, el tribunal colegiado turnó el amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero más tarde fue devuelto al colegiado por estimarse que el expediente no contenía un tema de trascendencia jurídica.
"Somos inocentes y estamos a punto de ir a prisión injustamente. Esto, definitivamente, no se lo deseamos a nadie, pero en fin, así es la supuesta justicia mexicana", clama Erick Treviño, ex miembro del Comité de Obra Pública de la Estela de Luz, en un video lanzado en redes sociales, a unas horas de que un tribunal determine su suerte.
El próximo jueves el Tercer Tribunal Colegiado Penal del DF tiene contemplado resolver si 8 de los inculpados deben o no continuar sujetos a juicio por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del caso de la Estela de Luz.
Si los magistrados les niegan el amparo en revisión, los procesados se exponen a que les impongan una garantía de mil 35 millones de pesos para conservar su libertad provisional, algo que desde ahora los propios ex funcionarios consideran impagable y los coloca al borde de la cárcel o de convertirse en fugitivos.
En el video titulado "La verdad a la luz", los acusados aseguran que están pagando la culpa de otros funcionarios y piden ayuda a la sociedad para limpiar su reputación, porque todos tienen familia y no han conseguido trabajo desde que fueron imputados por la PGR.
Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto; Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro, y Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción, piden justicia en la videograbación.
También Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas, y Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico.
El tribunal resolverá la suerte de ellos y de su compañero Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial.
Todos ellos eran parte de la empresa paraestatal iii Servicios y miembros del Comité de Obra Pública de la Estela de Luz, que el 5 de enero de 2010 votó en favor de exceptuar el procedimiento de licitación y contratar la obra por adjudicación directa, dado que se pretendía inaugurar el monumento el 15 de septiembre del mismo año.
Los acusados siempre han sostenido que la acusación de la PGR fue injusta y destinada a proteger a funcionarios de otro nivel, debido a que ellos no firmaron ningún contrato de obra ni modificación, ni ejercieron un solo peso del erario. Sólo decidieron el procedimiento de contratación.
En entrevista, Fernando Raúl Spadoni consideró que sería una injusticia del tribunal si rechazara ampararlos contra la formal prisión dictada por el juez Rubén Darío Noguera Gregoire desde el 21 de mayo de 2013.
"El tribunal está en libertad de decidir lo que considere, pero yo creo que sería una injusticia si no resuelven a nuestro favor, estoy completamente seguro, es una verdadera injusticia.
"Sí corremos ese riesgo (de una fianza alta o ir a la cárcel), cuando en verdad no tuvimos absolutamente nada que ver con la construcción, que es finalmente el problema, si es que hay problema; el sobreprecio existe. Si hubo algo irregular en el sobreprecio, pues eso es algo en lo que nosotros no tenemos ninguna relación", dijo.
En abril de 2014, el tribunal colegiado turnó el amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero más tarde fue devuelto al colegiado por estimarse que el expediente no contenía un tema de trascendencia jurídica.
