NACIONAL
Repudian libertad de plagiario de Vargas
Abel Barajas
Cd. de México (18 abril 2016) .-11:34 hrs
La organización Alto al Secuestro y Nelson Vargas denunciaron hoy que un Tribunal Federal de Toluca liberó a un presunto miembro de la organización "Los Rojos" implicado en el secuestro de Silvia Vargas valiéndose de "tecnicismos" aplicados en forma retroactiva.
En rueda de prensa, dieron a conocer que Isidro Solís Medina "El Chilo", de cuya liberación REFORMA dio cuenta hace algunos días, pertenecía al grupo criminal que a fines del 2007 secuestró y asesinó a la hija de Nelson Vargas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, dijo que a mediados del 2015, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, con un proyecto de sentencia del magistrado José Merced Pérez Rodríguez, dictó la libertad de "El Chilo", tras considerar que no tuvo abogado cuando fue identificado por la víctima en la Cámara de Gesell.
"¿Qué esperamos del Poder Judicial de la Federación? Magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, es indignante lo que acaba usted de hacer; desgraciadamente, ministros de la Suprema Corte, máximas autoridades judiciales, a todos los muestran igual por un infeliz como este magistrado.
"Sesenta tomos de burocracia, 10 tomos de evidencias periodísticas, videos, no puedo creer que no sean suficientes estas evidencias, para poder sentenciar a estos infelices que por razones de burocracia o económica estén libres", dijo Nelson Vargas en rueda de prensa.
REFORMA informó el 4 de abril que un comerciante de la Colonia Doctores se había encontrado en el calle a su plagiario de quien la última noticia que había tenido es que había sido sentenciado a 34 años con 6 meses de prisión.
La organización Alto al Secuestro reveló este lunes que se trataba de "El Chilo", integrante de la organización de "Los Rojos", responsable del plagio y muerte de Silvia Vargas.
Miranda de Wallace explicó que el criterio del tribunal basado en el proyecto de sentencia de Pérez Rodríguez estableció que debía aplicarse en forma retroactiva en favor del supuesto secuestrador un criterio que opera en los juicios orales, que invalida la identificación de un acusado en la Cámara de Gesell si este no cuenta con un abogado.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación Civil, "El Chilo" debió haber sido sentenciado con base en las reglas del anterior sistema escrito que no preveía esta excepción.
También hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en especial al Ministro Presidente Luis María Aguilar para que las autoridades judiciales eviten en un futuro aplicar estos criterios en forma retroactiva en favor de los secuestradores y tomar en cuenta los derechos de las víctimas.
"Exigimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emplee estos criterios en forma retroactiva", pidió Miranda de Wallace.
Agregó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tampoco les notificó en tiempo y forma la sentencia de amparo del Tribunal Colegiado, razón por la que ahora es muy difícil combatir por la vía jurisdiccional la sentencia en favor de "El Chilo".
Por esta razón dijeron que no estaba en su horizonte presentar una queja contra los integrantes del tribunal ante el Consejo de la Judicatura Federal o una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, el Tribunal omitió en su fallo diversas pruebas incriminatorias, como los testimonios de Raúl Ortiz "El Azul", uno de los líderes de "Los Rojos" que ubica en tiempo modo y lugar a "El Chilo" como cómplice en los secuestros, así como el testimonio de otras cuatro víctimas.
"O hay corrupción o ignorancia e indolencia en el PJF", criticó Miranda de Wallace.
Temen liberación de 80 % de secuestradores
Isabel Miranda de Wallace pidió a la SCJN no exigir una orden judicial judicial para tener acceso a los registros de llamadas de los teléfonos de plagiarios, porque de lo contrario, quedarían libres 80 por ciento de los secuestradores.
La presidenta de Alto al Secuestro manifestó su preocupación ante la discusión que el miércoles sostendrá el máximo tribunal del país, donde se definirá si puede accederse a los contenidos de los teléfonos de los secuestradores sin control judicial.
"Exhortamos a la SCJN a que no sea aprobado con control judicial y menos a que apruebe este criterio y lo haga de manera retroactiva.
"Si la SCJN aprueba esto, estaríamos dejando, y dejo aquí testimonio a todos los medios de comunicación, prácticamente a un 80 por ciento de los secuestradores en libertad porque casi todas las averiguaciones previas tienen detalles de llamadas telefónicas o alguna situación que tuvo que ver con geolocalización", expresó.
Aunque Miranda de Wallace dijo que un fallo en favor del control judicial ocasionaría impunidad, lo cierto es que desde hace tiempo los tribunales ya se han pronunciado sobre este aspecto y han declarado ilegales las pruebas que se obtienen de teléfonos sin orden de un juez.
Tal es el caso de los implicados en el supuesto intento de traer ilegalmente a México a Saadi Gaddafi, hijo del ex dictador libio Muammar Gaddafi, quienes quedaron el libertad porque se estimó que los chats telefónicos que los incriminaban fueron obtenidos por la PGR sin una autorización judicial.
En rueda de prensa, dieron a conocer que Isidro Solís Medina "El Chilo", de cuya liberación REFORMA dio cuenta hace algunos días, pertenecía al grupo criminal que a fines del 2007 secuestró y asesinó a la hija de Nelson Vargas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro, dijo que a mediados del 2015, el Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, con un proyecto de sentencia del magistrado José Merced Pérez Rodríguez, dictó la libertad de "El Chilo", tras considerar que no tuvo abogado cuando fue identificado por la víctima en la Cámara de Gesell.
"¿Qué esperamos del Poder Judicial de la Federación? Magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, es indignante lo que acaba usted de hacer; desgraciadamente, ministros de la Suprema Corte, máximas autoridades judiciales, a todos los muestran igual por un infeliz como este magistrado.
"Sesenta tomos de burocracia, 10 tomos de evidencias periodísticas, videos, no puedo creer que no sean suficientes estas evidencias, para poder sentenciar a estos infelices que por razones de burocracia o económica estén libres", dijo Nelson Vargas en rueda de prensa.
REFORMA informó el 4 de abril que un comerciante de la Colonia Doctores se había encontrado en el calle a su plagiario de quien la última noticia que había tenido es que había sido sentenciado a 34 años con 6 meses de prisión.
La organización Alto al Secuestro reveló este lunes que se trataba de "El Chilo", integrante de la organización de "Los Rojos", responsable del plagio y muerte de Silvia Vargas.
Miranda de Wallace explicó que el criterio del tribunal basado en el proyecto de sentencia de Pérez Rodríguez estableció que debía aplicarse en forma retroactiva en favor del supuesto secuestrador un criterio que opera en los juicios orales, que invalida la identificación de un acusado en la Cámara de Gesell si este no cuenta con un abogado.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación Civil, "El Chilo" debió haber sido sentenciado con base en las reglas del anterior sistema escrito que no preveía esta excepción.
También hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en especial al Ministro Presidente Luis María Aguilar para que las autoridades judiciales eviten en un futuro aplicar estos criterios en forma retroactiva en favor de los secuestradores y tomar en cuenta los derechos de las víctimas.
"Exigimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emplee estos criterios en forma retroactiva", pidió Miranda de Wallace.
Agregó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) tampoco les notificó en tiempo y forma la sentencia de amparo del Tribunal Colegiado, razón por la que ahora es muy difícil combatir por la vía jurisdiccional la sentencia en favor de "El Chilo".
Por esta razón dijeron que no estaba en su horizonte presentar una queja contra los integrantes del tribunal ante el Consejo de la Judicatura Federal o una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, el Tribunal omitió en su fallo diversas pruebas incriminatorias, como los testimonios de Raúl Ortiz "El Azul", uno de los líderes de "Los Rojos" que ubica en tiempo modo y lugar a "El Chilo" como cómplice en los secuestros, así como el testimonio de otras cuatro víctimas.
"O hay corrupción o ignorancia e indolencia en el PJF", criticó Miranda de Wallace.
Temen liberación de 80 % de secuestradores
Isabel Miranda de Wallace pidió a la SCJN no exigir una orden judicial judicial para tener acceso a los registros de llamadas de los teléfonos de plagiarios, porque de lo contrario, quedarían libres 80 por ciento de los secuestradores.
La presidenta de Alto al Secuestro manifestó su preocupación ante la discusión que el miércoles sostendrá el máximo tribunal del país, donde se definirá si puede accederse a los contenidos de los teléfonos de los secuestradores sin control judicial.
"Exhortamos a la SCJN a que no sea aprobado con control judicial y menos a que apruebe este criterio y lo haga de manera retroactiva.
"Si la SCJN aprueba esto, estaríamos dejando, y dejo aquí testimonio a todos los medios de comunicación, prácticamente a un 80 por ciento de los secuestradores en libertad porque casi todas las averiguaciones previas tienen detalles de llamadas telefónicas o alguna situación que tuvo que ver con geolocalización", expresó.
Aunque Miranda de Wallace dijo que un fallo en favor del control judicial ocasionaría impunidad, lo cierto es que desde hace tiempo los tribunales ya se han pronunciado sobre este aspecto y han declarado ilegales las pruebas que se obtienen de teléfonos sin orden de un juez.
Tal es el caso de los implicados en el supuesto intento de traer ilegalmente a México a Saadi Gaddafi, hijo del ex dictador libio Muammar Gaddafi, quienes quedaron el libertad porque se estimó que los chats telefónicos que los incriminaban fueron obtenidos por la PGR sin una autorización judicial.
