El diagnóstico es claro: México atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema de procuración e impartición de justicia débil y corrupto. Según el fiscal general, el paquete de iniciativas que se filtró tiene por objeto resolver estos problemas. Una parte de esas iniciativas busca abandonar la ruta que había planteado la reforma constitucional de 2008. Dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno que cumpliera con los principios de un régimen democrático: presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, etcétera. En el paquete de iniciativas se contempla, por ejemplo, el arraigo para todo tipo de delitos o la posibilidad de que pruebas recabadas ilícitamente puedan ser válidas en juicio. Ello es propio de regímenes autoritarios. Valdría la pena entender por qué llegamos aquí y cómo resolver los graves y viejos problemas de nuestro sistema penal sin renunciar a la posibilidad de construir uno propio de una democracia constitucional.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".