Reformar la justicia

En febrero se presentará la iniciativa para reformar el sistema de justicia penal y la iniciativa para fortalecer al Poder Judicial federal (PJF). La primera es el paquete legislativo que elaboró el fiscal general y que a la mera hora se pospuso su presentación. La segunda tiene que ver con la reforma que, en octubre pasado, anunció el senador Monreal y que trabajaron conjuntamente el Senado, el Ejecutivo y el PJF. No conozco los contenidos de ninguna de esas iniciativas. No obstante, me parece que, en términos del debate público, es particularmente relevante distinguir con claridad los problemas del sistema de justicia que requieren de reformas legislativas de aquéllos que sólo se resolverán mejorando la gestión y operación cotidiana de esas instituciones. Los abogados tendemos a pensar que los grandes cambios al sistema de justicia se van a producir a partir de cambios contundentes al marco normativo. Ello es falso. Las grandes transformaciones que requieren nuestras fiscalías y nuestros poderes judiciales son centralmente administrativas: reingeniería de procesos internos, formación y servicio profesional de carrera, control sistémico a la corrupción, organización y flujo de casos, y un largo etcétera. Este segundo tipo de reformas son mucho más costosas y complejas de ejecutar y requieren equipos interdisciplinarios y no sólo profesionistas legales. Pocas veces han sucedido en México.