¡Qué miedo!

Es tan escandaloso que parece inverosímil: la FGR pretende meter a una cárcel de alta seguridad a 31 académicos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros delitos. Esta ha sido la noticia más relevante de la semana. Por ello, a estas alturas, ya nos quedó claro que, simplemente, en esa carpeta de investigación no se encuentran los elementos probatorios básicos para que el juez conceda las órdenes de aprehensión por esos delitos. Ni la propia historia que cuenta la FGR alcanza para tal cosa. Tan es así que dos veces los jueces federales le han negado las órdenes de aprehensión; la FGR ya anunció que va por la tercera y que ejercerá todos los recursos legales a su alcance para logarlo. Quiero apostar que no lo va a conseguir. No tiene ni pies ni cabeza esa acusación. Sin embargo, el tufo autoritario que va a dejar haberlo intentado con tanta insistencia se va a quedar entre nosotros por algún tiempo. ¿A quién rinde cuentas esa Fiscalía? La respuesta a esta interrogante es clave para entender dónde están las vulnerabilidades más importantes de nuestra democracia constitucional.