PJF: la represalia presidencial

La justicia en México tiene numerosos y profundos problemas, pero ninguno se va a resolver eliminando los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ninguno. De hecho, esos fideicomisos nunca fueron tema mientras un aliado del Presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Desde que lo reemplazó la ministra Norma Piña, sin embargo, las cosas cambiaron; la Corte comenzó a ejercer más decididamente su responsabilidad como tribunal constitucional y a enfrentarse a los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, controlados por la coalición obradorista. Multitud de asuntos pendientes, deliberadamente postergados, empezaron entonces a resolverse con relativa celeridad -tanto por defectos de procedimiento como de fondo- en contra de los intereses del oficialismo. En respuesta, López Obrador y sus partidarios han optado por tomar represalias de cuatro maneras: 1) movilizando a la opinión pública para estigmatizar a la Suprema Corte como si se tratara no de un contrapeso institucional sino de un contrincante político; 2) presentando iniciativas que amenazan con hacerle juicio político a los integrantes de la Corte; 3) proponiendo que ya no se les nombre mediante terna presidencial y ratificación de mayoría calificada en el Senado (art. 96 de la CPEUM) sino por voto popular directo; y 4) reduciéndole el presupuesto al Poder Judicial en su conjunto y buscando no tanto eliminar sino expropiar sus mentados fideicomisos.