En 2014, México estableció un Fondo Minero. Buscaba que las empresas mineras pagaran un 7.5% de sus ganancias netas, después de sus gastos, para construir calles, parques y mejorar la vida de las zonas mineras. Cinco años más tarde, las reglas cambiaron. El gobierno obradorista, con el argumento de que la administración del Fondo era corrupta, determinó que el dinero ya no iría a los estados y los municipios. La Suprema Corte confirmó la decisión.
Peniley Ramírez es periodista de investigación y autora del libro Los millonarios de la guerra.