OPINIÓN

Perdones y ejecuciones

EN FLAGRANCIA / Gustavo Fondevila EN REFORMA

3 MIN 00 SEG

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A fines de diciembre de 2012, Josafat Hasam López Balderas fue al Barrio de Tepito para hacer unas compras. Allí fue confundido con un delincuente, y los comerciantes lo golpearon y entregaron a la Policía. Josafat fue trasladado a la agencia 51 del Ministerio Público (MP) de la entonces Procuraduría capitalina. Pero poco después fue encontrado muerto en la patrulla en la que fue trasladado al MP. Se avisó a la familia, pero al llegar la madre se fue enterando por diferentes testimonios que el joven (estudiante de medicina) había muerto dentro de las instalaciones y que los policías lo habían regresado a la patrulla para evitar problemas. La causa de la muerte era la golpiza recibida y en particular, una lesión en el cuello ocasionada por la propia Policía en el momento de su detención. A partir de allí se sucedió una cadena de chapuzas para evitar responsabilidades por parte de policías, personal ministerial y del Instituto de Ciencias Forenses (se llegó a exponer el cuerpo del joven ante los medios de comunicación). Finalmente, después de 12 años de reclamos por parte de la familia y organismos de derechos humanos (incluida la recomendación 11/2018 de la Comisión de Derechos Humanos -CDH- de la Ciudad) la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública y reconocieron su responsabilidad en su muerte.