Abel Barajas.-
Con base en un decreto de nacionalización publicado durante el Porfiriato, el actual Gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) buscan apropiarse de varios inmuebles en Santa Fe, sin pagar un solo peso de indemnización.
No es mediante declaratorias o decretos presidenciales de expropiación como pelean las propiedades, sino a través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y de carpetas de investigación del área de terrorismo de la FGR.
Se trata de una franja en la que hoy inicia la zona de alta plusvalía de Santa Fe, con locales comerciales, gasolineras, pensiones y condominios de más de 20 pisos, la mayoría habitados y altamente cotizados.
El área que, por ahora, buscan transferir a la Federación es colindante al predio en el que la FGR construye el Parque Nacional de la Justicia, su nueva sede.
Aunque algunas de las inmobiliarias ya vendieron desde hace años los departamentos y están desvinculadas de los edificios, a sus apoderados legales les han llegado citatorios de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), precedidos de operativos de aseguramiento.
En todos los casos el planteamiento de la Fiscalía ha sido el mismo: los propietarios deben devolver los inmuebles, sin más, porque conforme un acuerdo suscrito el 30 de octubre de 1907 por Olegario Molina Solís, entonces secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, son propiedad de la Federación.
El decreto es previo a la Constitución de 1917, año en que el Presidente Venustiano Carranza reconoció el derecho de propiedad de los ocupantes.
Algunos de los vecinos y representantes de los propietarios expresaron su preocupación por lo que consideran un ataque a la propiedad privada.
Dentro de la superficie del decreto hoy se encuentran la Universidad Iberoamericana, el Centro Comercial Santa Fe y decenas de edificios corporativos y condominios de lujo.
"Si nos van a quitar nuestras propiedades con el decreto de 1907, pues tienen que aventarse una expropiación desde Contadero hasta Los Pinos, no pueden ser selectivos con la ley, y quiero ver que se avienten el tiro contra todos esos propietarios, que son miles", dijo uno de los vecinos.
Hasta ahora, la Fiscalía ha girado los citatorios a los apoderados de Inmobiliaria F4, Jagui Inmuebles, Grupo Empresarial Core, Operadora Aguesu y la sucesión de Juana Reséndiz Vázquez.
El Indaabin también demandó por la vía civil anular los derechos de propiedad de un fideicomiso del que en 2017 formaba parte Enrique Gerardo Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y hermano del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
También reclamó cancelar la venta de un predio que hizo el 3 de noviembre de 2011 la sucesión testamentaria de María Elodia Romero Miranda a Recidence L´heritage.
Así han actuado
A mediados de agosto, una Suburban blanca, blindada, se estacionó en la acera de Prolongación Paseo de la Reforma 291, donde se construye el High Park Reforma, una torre de 28 pisos frente a la concesionaria Ford de Santa Fe.
"Bajó un sujeto vestido de civil y preguntó por los dueños del edificio, nunca se identificó y en un plan intimidatorio, prepotente, le dijo a la muchacha que lo recibió en la entrada: 'se tienen que presentar a declarar'", recuerda uno de los entrevistados.
Era uno de los últimos citatorios que notificaba la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las indagatorias criminales que iniciaron desde hace dos años sobre la propiedad de los inmuebles.
La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tiene en curso dos carpetas de investigación, en el marco de las cuales a finales de 2021 llamó a comparecer al primero de los propietarios registrados.
El 3 de septiembre acudió ante la Fiscalía Andrés Ismael Heredia Duarte, representante de Operadora Aguesu, a quien le reclamaron el inmueble de Prolongación Paseo de la Reforma 271, Colonia Lomas de Santa Fe.
Sobre el predio de 86 mil 979 metros cuadrados se encuentra una gasolinera Shell y un local de un 7 Eleven que ya fueron desocupados y a los que la FGR les colocó los cintillos amarillos de aseguramiento. Fue el primer aviso de la Fiscalía.
Ya en mayo de este año, uno a uno empezaron a ser llamados los apoderados de otras empresas y particulares.
Uno de los citatorios llegó a Jagui Inmuebles, empresa a la que requirieron devolver un predio de 3 mil 588 metros cuadrados ubicado en la Fracción C del inmueble denominado Barranca de la Angostura, Fracción Norte, ubicado a la altura del Kilómetro 15 de la carretera México-Guadalajara.
Otro fue para la sucesión de Juana Reséndiz Vázquez, que tiene los derechos sobre un terreno de 925 metros cuadrados ubicado en la Fracción B del Kilómetro 14.5 de la Carretera Federal México-Toluca, en la colonia Palo Alto de la Alcaldía Álvaro Obregón, también de interés de la Fiscalía.
Al edificio Cosmocrat, una torre de 20 pisos en Prolongación Paseo de la Reforma 307, también llegó un citatorio de la Fiscalía para la constructora Grupo Empresarial Core, confirmaron encargados del inmueble.
La FGR también citó al apoderado de la Inmobiliaria F4, que hasta 2016 tuvo como socio accionista a Guillermo Fridman Ramos, dueño del table dance Solid Gold.
F4 es dueña de un edificio de siete plantas en Prolongación Paseo de la Reforma 275, que tiene una superficie de 705 metros cuadrados. Era la sucursal Santa Fe de los gimnasios El Templo.
Este es uno de los predios que desincorporó el Presidente Enrique Peña Nieto, dos días antes de concluir su sexenio, y que formaron parte del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, los cuales estaban invadidos desde 2011.
La entrega de dichos inmuebles se concretó hasta el 13 de diciembre de 2018, cuando ya había iniciado el Gobierno del Presidente Andrés López Obrador.
El pasado 2 de agosto Fausto Demetrio Trejo Guerrero, apoderado de Inmobiliaria F4, acudió a la Unidad Antiterrorismo de la FEMDO.
En su comparecencia, el fiscal Rodolfo Guillermo Pérez Torres le dio un plazo de cinco días para devolver el inmueble de Prolongación Paseo de la Reforma 275, con el argumento de que, conforme un acuerdo presidencial de 1907 firmado por el entonces Presidente Porfirio Díaz, es propiedad de la Federación.
El representante dijo entonces que no podía entregar la propiedad.
"Se me hace saber por el agente del Ministerio Público de la Federación que el predio es de la nación por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1907, (que) lo procedente es poner a disposición en este momento el predio", dijo Trejo, según documentos consultados.
"No estoy de acuerdo, toda vez que ya acredité la propiedad, además, no tengo facultad para ese trámite, por lo que voy a consultarlo con la asamblea de la empresa que represento".
REFORMA contactó a Trejo Guerrero, quien manifestó no estar de acuerdo con los métodos de las autoridades, aunque dijo estar abierto a negociar una salida con el Gobierno. Recordó que la empresa pagó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) por este inmueble en 2018 y esperaría recibir una contraprestación, si las autoridades insisten en recuperarlo.
"No se trata de pegarle al Gobierno... yo les dije con toda confianza que negociemos, se los vendo o se los rento si quieren, no hay problema, pero no me los pueden quitar así nomás", comentó, cauteloso.
Gestionó territorios Obispo Vasco de Quiroga hace 500 años
Los primeros títulos de propiedad de los inmuebles de Santa Fe que la FGR y el Gobierno federal buscan apropiarse, tienen casi 500 años de antigüedad y fueron gestionados en favor de los indígenas por el Obispo Vasco de Quiroga.
Escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad indican que, tras haber fundado el Hospital de Indios de Santa Fe, el "Tata Vasco" pidió a la Reina Isabel de Portugal, esposa del Rey Carlos I de España, "le hiciera a los indios merced de las tierras".
La Reina accedió al pedido de Vasco de Quiroga y ordenó a Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, conceder las tierras a los nativos.
Mendoza acordó el mandato el 31 de agosto de 1537 y la posesión el 2 de noviembre del mismo año.
En un principio no hubo una anotación de la superficie sino de los linderos. Durante la Colonia y el siglo XIX no hubo modificación en la propiedad.
Fue hasta los últimos años del Porfiriato cuando el gobierno federal volteó a ver estos territorios.
El 4 de noviembre de 1907 Olegario Molina Solís, secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, publicó en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos en los que declara como reservas para uso público y bosques una extensión de 2 mil 800 metros cuadrados en Santa Fe.
Justificó que el Presidente Porfirio Díaz tomaba esa decisión con base en el artículo 21 de la Ley del 26 de Marzo de 1894, que facultaba al jefe del Ejecutivo Federal a reservar temporalmente terrenos baldíos para conservación, colonización y "reservación o reducción de indios".
Desde esa época, indican las escrituras, los vecinos siempre se opusieron a las disposiciones que declararon a sus tierras como baldíos y mostrencos, y luego a la nacionalización, argumentando que Vasco de Quiroga se las había donado.
Según las anotaciones, ninguno de los vecinos del pueblo de Santa Fe invocó la Ley del 6 de enero de 1915, que les hubiese permitido la regularización o restitución de sus derechos de posesión.
Sin embargo, tras el triunfo de los constitucionalistas, el 7 de septiembre de 1917 el Presidente Venustiano Carranza publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que reconoce a sus ocupantes el derecho de propiedad sobre estos terrenos.
Este documento precisa que los predios no poseídos continuarán siendo terrenos nacionales y reservados para el uso público y la repoblación forestal.