NACIONAL
Niegan cancelar juicio por Estela de Luz
Abel Barajas
Cd. de México (26 octubre 2015) .-22:23 hrs
Un tribunal federal rechazó cancelar el juicio abierto a 8 ex funcionarios acusados de elegir el procedimiento de adjudicación directa para contratar la obra de la Estela de Luz, lo que puso a los procesados en riesgo de ir a la cárcel.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal del DF negó el amparo a los inculpados contra la formal prisión, porque estimó que la acusación de la PGR no debe reunir pruebas plenas de responsabilidad para sostener un juicio, sino sólo indicios.
Gabriel Regino, abogado de los implicados, admitió que ahora sí existe el riesgo de que sus clientes vayan a prisión, porque en breve el juez de la causa les podría fijar una fianza de hasta mil millones de pesos para garantizarles su libertad provisional, la cual es impagable. Si fuera el caso, aseguró que no van a huir.
"Si le piden a cada uno de ellos mil millones de pesos para garantizar su libertad provisional, van a decir 'aquí vengo mejor, me interno, espero que dicten la sentencia'. No es una decisión tomada porque faltan varios escenarios y todavía hay que pelear.
"Pero en la mente de todos ellos está la convicción de que son inocentes y que es a través de procesos legales como lo van a demostrar, pero si en el caso final se tuviera que ver eso, no son bandoleros ni bandidos para evadirse de la acción de la justicia y eso me lo han dejado claro ellos", dijo Regino.
Los ex funcionarios afectados por el fallo son Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto, y Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro.
Igualmente, Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas, y Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico y Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial.
A pesar de valorar la posibilidad extrema, el abogado dijo estar confiado en que los ex funcionarios pudieran alcanzar una fianza o garantía accesible, debido a que el fallo del tribunal dictado hoy estableció un criterio que les resulta favorable.
"Los 3 magistrados dijeron que el uso indebido de atribuciones y facultades es un delito que no requiere que haya ocasionado el daño, basta con que se haya puesto en peligro para considerar que hay delito, de tal suerte que esta argumentación es muy relevante porque si se trata de un delito de peligro, no de resultados, entonces no se puede pedir la reparación del daño, porque el daño la cometieron otros.
"Esta es una parte importante que vamos a hacer valer en su momento, cuando pidamos la libertad provisional", mencionó.
En mayo de 2013, el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire dictó auto de formal prisión a los ex funcionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, un delito no grave.
Los 8 inculpados no fueron detenidos porque desde un principio decidieron presentarse ante el juez con una suspensión que congelaba la orden de aprehensión.
Debido a que la suspensión corresponde al amparo negado este lunes por el tribunal colegiado, en el momento en que éste notifique su fallo al juez Noguera los acusados ya no estarán protegidos contra la captura y deberán pedir al juzgador que les fije una garantía para gozar de la libertad provisional.
Es allí donde radica el riesgo de una garantía alta y de perder la libertad, aunque eventualmente un monto alto también puede ser litigado y suspendido.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal del DF negó el amparo a los inculpados contra la formal prisión, porque estimó que la acusación de la PGR no debe reunir pruebas plenas de responsabilidad para sostener un juicio, sino sólo indicios.
Gabriel Regino, abogado de los implicados, admitió que ahora sí existe el riesgo de que sus clientes vayan a prisión, porque en breve el juez de la causa les podría fijar una fianza de hasta mil millones de pesos para garantizarles su libertad provisional, la cual es impagable. Si fuera el caso, aseguró que no van a huir.
"Si le piden a cada uno de ellos mil millones de pesos para garantizar su libertad provisional, van a decir 'aquí vengo mejor, me interno, espero que dicten la sentencia'. No es una decisión tomada porque faltan varios escenarios y todavía hay que pelear.
"Pero en la mente de todos ellos está la convicción de que son inocentes y que es a través de procesos legales como lo van a demostrar, pero si en el caso final se tuviera que ver eso, no son bandoleros ni bandidos para evadirse de la acción de la justicia y eso me lo han dejado claro ellos", dijo Regino.
Los ex funcionarios afectados por el fallo son Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto, y Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro.
Igualmente, Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas, y Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico y Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial.
A pesar de valorar la posibilidad extrema, el abogado dijo estar confiado en que los ex funcionarios pudieran alcanzar una fianza o garantía accesible, debido a que el fallo del tribunal dictado hoy estableció un criterio que les resulta favorable.
"Los 3 magistrados dijeron que el uso indebido de atribuciones y facultades es un delito que no requiere que haya ocasionado el daño, basta con que se haya puesto en peligro para considerar que hay delito, de tal suerte que esta argumentación es muy relevante porque si se trata de un delito de peligro, no de resultados, entonces no se puede pedir la reparación del daño, porque el daño la cometieron otros.
"Esta es una parte importante que vamos a hacer valer en su momento, cuando pidamos la libertad provisional", mencionó.
En mayo de 2013, el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire dictó auto de formal prisión a los ex funcionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, un delito no grave.
Los 8 inculpados no fueron detenidos porque desde un principio decidieron presentarse ante el juez con una suspensión que congelaba la orden de aprehensión.
Debido a que la suspensión corresponde al amparo negado este lunes por el tribunal colegiado, en el momento en que éste notifique su fallo al juez Noguera los acusados ya no estarán protegidos contra la captura y deberán pedir al juzgador que les fije una garantía para gozar de la libertad provisional.
Es allí donde radica el riesgo de una garantía alta y de perder la libertad, aunque eventualmente un monto alto también puede ser litigado y suspendido.
