En noviembre de 2018, mientras iniciaba el proceso legislativo para la creación de la Guardia Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a México por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por miembros del Ejército a finales de 2009. En su sentencia, la Corte reafirmó que la participación excepcional de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Esos cinco principios son derecho vigente para nuestro país.