Militarización: craso error

En los últimos meses, se han presentado tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte con el fin de invalidar el decreto presidencial firmado el 11 de mayo que movilizó oficialmente a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública hasta 2024. El decreto es, desde luego, una mera formalidad. A las fuerzas militares se les ha encargado ocuparse de cuestiones de seguridad pública desde hace 14 años, como parte de una estrategia de seguridad pública desastrosa que ha dado lugar a miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.