Migrantes

¿En qué cabeza cabe que -mediante un oficio de un funcionario del Instituto Nacional de Migración- se pretenda impedir -así sea temporalmente- que defensores de derechos humanos y organizaciones de protección a los migrantes ingresen a las estaciones migratorias y estancias provisionales para realizar su trabajo? De un plumazo se pretendió impedir que se ejerciera la voluntad y el derecho a defender a los migrantes y que éstos tuvieran representación legal, asistencia o acompañamiento en una situación sumamente vulnerable. Se pretendió dinamitar -con una simple hojita burocrática- el andamiaje más básico de protección internacional a personas en condición de detención migratoria y, de paso, los compromisos del Estado mexicano en esa materia. Tamaño despropósito no es un hecho aislado y, por lo tanto, no puede considerarse que el oficio del licenciado Antonio Molina Díaz sea una ocurrencia, sino una acción en la lógica de restringir a los defensores de migrantes. Obviamente el funcionario se excedió en sus facultades y en la lectura de lo que era necesario para seguir una política migratoria que complazca las exigencias del presidente norteamericano y evitar que cumpla sus amenazas. El caso es que, por lo menos el 29 de enero, según denuncian las organizaciones, no se permitió el acceso a la mayoría de las estaciones migratorias.