Llevamos tanto tiempo, tantísimo, funcionando bajo el absurdo paradigma de que el país se transforma legislando. Ante cualquier problema público, la respuesta es una reforma constitucional y/o legislativa en la materia. El proceso involucra, muchas veces, audiencias públicas, participación de organizaciones civiles, largos y acalorados debates en la tribuna, amplia cobertura mediática, decenas de artículos de opinión y un largo etcétera. La iniciativa aprobada siempre tendrá sus defensores y sus detractores, pero más allá de ello lo que se estima es que esas nuevas normas jurídicas tendrán por sí solas la fuerza para cambiar la realidad. Y una y otra vez, después del paso del tiempo, nos percatamos que no fue así. Las normas jurídicas no prefiguran la realidad deseable. Y, además, la distancia entre las normas y la realidad muchas veces es tan abismal que lo que genera es la percepción colectiva de que estamos destinados a vivir y sobrevivir con un conjunto de problemas públicos que nos definen como colectividad, como si fueran parte de nuestro DNA.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".