COLABORADOR INVITADO / Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés EN REFORMA
Mucho se ha hablado sobre los miles de muertes evitables por Covid-19 en nuestro país como resultado del mal manejo de la pandemia. Poco se han discutido, sin embargo, los impactos negativos de la errada y errática estrategia gubernamental en materia de salud. Destacan dentro de ellos el desabasto de medicamentos y vacunas debido al desmantelamiento del sistema público de compra y distribución de estos insumos para la salud, así como el deterioro de la oferta de servicios públicos como resultado del retroceso financiero y operativo representado por la destrucción del Seguro Popular y la incompetente introducción del Insabi. Los problemas de abasto dieron lugar, entre otras cosas, a una escasez de vacunas que produjo la reaparición de casos endógenos de sarampión. Mientras el Covid-19 ha acaparado la atención, nuestro país ha registrado en 2020 una epidemia paralela de sarampión, con casi 200 casos, el mismo número que los acumulados a lo largo de los 20 años previos. Por su parte, el debilitamiento de los servicios públicos de salud ha obligado a muchas de las personas que perdieron la protección del Seguro Popular a recurrir a la medicina privada, lo que ha incrementado el gasto de bolsillo y los gastos catastróficos por motivos de salud.
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