La siesta de la justicia local

El 17 de marzo pasado, el Poder Judicial federal anunció la suspensión de sus actividades y de los plazos procesales, con excepción de guardias en algunos tribunales para la atención de casos urgentes (por ejemplo, en materia penal). La mayoría de los poderes judiciales locales siguieron el mismo camino, de hecho, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad suspendió labores al día siguiente a través del denominado Plan de Contingencia para el Poder Judicial (PJCDMX) con motivo de la pandemia de Covid-19. En la práctica, esto significó la postergación de las audiencias, de revisión de medidas cautelares, juicios orales, procedimientos abreviados, entre otros. En este punto, el problema más sensible son las personas en prisión preventiva y las liberaciones que no tuvieron demasiados inconvenientes en desahogarse por medio de guardias (por ejemplo, en los juzgados de ejecución de sentencias). Posteriormente, el 31 de marzo la Secretaría de Salud federal declaró a la justicia como una actividad esencial (exenta de cuarentena). Sin embargo, el Consejo de Salubridad no emitió lineamientos o instrucciones, por lo que -de nuevo-, cada poder judicial pudo tomar sus propias decisiones.