Es una barbaridad imaginar cuántas personas están paralizadas ante la incertidumbre jurídica producto de la pandemia. El maestro de yoga ¿está obligado a pagar la renta del estudio cuando ha tenido que cerrar las puertas para evitar contagios y por lo tanto no ha tenido ingresos? La señora que no recibe el pago de la renta de su local ¿está obligada a pagar la mensualidad del crédito hipotecario que contrajo para comprarlo y que estaba pagando con la renta de dicho local? Las empresas que tienen que reducir sus actividades o cerrar sus puertas ¿cuánto tiempo podrán pagar la nómina de sus empleados sin quebrar? La demora en el pago de una deuda ¿genera o no daños y perjuicios cuando el deudor, por orden gubernamental, tuvo que permanecer en su casa y dejar de trabajar? Lo que está sucediendo en México, y en el resto del mundo, es que el coronavirus ha generado una penumbra de incertidumbre respecto de un sinnúmero de obligaciones contractuales. Hoy, las empresas y las personas no saben, bien a bien, cuánto tienen ni cuánto deben. La cooperación e intercambios entre las empresas que generan valor y producen riqueza están en suspenso. Cuanto más rápido se tomen acciones legales para reducir la altísima incertidumbre jurídica, menos honda y prolongada será la recesión económica en México (y en el mundo).
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".