La impronta de Guerrero

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, numerosos estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado con la complicidad de todos los órganos de seguridad del Estado, desde la policía municipal hasta los militares. Tanto las autoridades locales como federales apenas tardaron en condenar enérgicamente los hechos y prometieron -como siempre prometen- una investigación eficaz. Sabemos muy bien lo que ocurrió. A fin de proteger al Ejército, el gobierno de Peña Nieto hizo lo contrario: tramar un relato -al que hoy conocemos como verdad histórica- a partir de la manipulación de pruebas y testigos y la tortura de los presuntos involucrados. Todos los procesos judiciales derivados de esta maniobra naufragaron y el régimen priista se vio precipitado en un descrédito del que ya nunca se recuperó.