¿Usted recuerda la comparecencia en la Asamblea Legislativa del Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Héctor Villegas) en el 2019? En ese momento, este funcionario afirmó que la estrategia central del Gobierno capitalino para evitar la corrupción en los juzgados cívicos era la rotación y capacitación de jueces y funcionarios. La plantilla de jueces cívicos fue reforzada con un proceso de selección de 50 jueces cívicos, 50 secretarios y 108 auxiliares de juzgado. Esto amplió la capacidad de atención a 70 coordinaciones territoriales y cinco Centros de Justicia. El funcionario se congratuló de haber limpiado la casa y de haber hecho más rápidos y simples los trámites y servicios (Registro Civil y notarías públicas). Sin embargo, a pesar de esto, la corrupción, el coyotaje, el rezago en la regularización territorial (títulos de propiedad y testamentos) y un archivo de notarías del siglo pasado siguen siendo la norma en la Ciudad.