El derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental y, como tal, habilitante inevitable de salud, educación, acceso a la cultura, libertad de expresión, acceso a la información pública y demás derechos fundamentales. La infraestructura digital es un milagro civilizatorio. Una conexión a Internet, una computadora o un equipo móvil preservan el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa con el derecho fundamental de acceso a la justicia?