La Cámara de Diputados aprovechó la oportunidad histórica de sellar el compromiso nacional de proteger a la infancia y adolescencia contra la violencia, al aprobar la prohibición explícita del castigo corporal y los tratos humillantes y degradantes, por medio de modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal.