Mal, muy mal, desde el punto de vista constitucional resulta la aprobación de los Senadores a otorgarle facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear las cuentas bancarias de cualquier ciudadano SIN una orden judicial. Dicho de otra manera, los Senadores le concedieron la facultad al Poder Ejecutivo de ser -simultáneamente- acusador y juez. Violentando de pasadita la premisa básica, piedra angular de cualquier sistema jurídico democrático, de que todas las personas son inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.