Deben, si son humanos, estar más que un poco decepcionados los representantes del sector privado que gastaron horas y horas de cabildeo con los legisladores de nuestro Congreso para explicarles el porqué, dentro de los cambios que les pretenden hacer a nuestras leyes, sobre todo fiscales, de extinción de dominio y relacionadas con delincuencia organizada, no se puede equiparar la defraudación fiscal con delitos cometidos por la misma delincuencia organizada como asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, y etcétera.