En materia digital, los resultados del Gobierno se sostienen por su fortaleza institucional, por la eficiencia de sus políticas públicas y por la protección jurídica a ciudadanos y empresas. Sin infraestructura no hay derechos fundamentales, sin transformación digital no hay innovación ni competitividad. Sin ellos, se pierde el tiempo, se desperdicia presupuesto, se margina al ciudadano y se condena a la mediocridad la economía y las empresas.