La apuesta por la militarización exhibe sus enormes costos. Habría pensado que ese gravamen se revelaría plenamente hasta el siguiente gobierno, cuando la nueva Presidencia tuviera que vérselas con la herencia lopezobradorista. Pensaría que hasta entonces se haría contabilidad de todos los espacios perdidos por el poder civil, la enorme tajada presupuestal que ata a la administración, los abundantes negocios de la opaca empresa militar, la presencia pública de los uniformados, la santificación retórica de las Fuerzas Armadas. Pero la factura de la opción militar la empieza a pagar el arquitecto de la alianza. El Ejército amenaza al poder civil, restringe su actuación, obstaculiza la marcha de la justicia. Lo ha insinuado el propio presidente de la República: quien debe obediencia se ha convertido en un factor de presión. Cuando el secretario de la Defensa arremetía contra quienes pretendían ensuciar la reputación del Ejército no tenía seguramente en la mira a la prensa sino al gobierno que tanto lo ha mimado. Anticipaba el choque por las investigaciones de Ayotzinapa y deslizaba la amenaza. Para el Ejército era inaceptable la conclusión que la comisión adoptó como veredicto anticipado. Hablar de un "crimen de Estado" implicaba culpabilizar a la institución militar.
Estudió Derecho en la UNAM y Ciencia Política en la Universidad de Columbia. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado El antiguo régimen y la transición en México y La idiotez de lo perfecto. De sus columnas en la sección cultural de Reforma han aparecido dos cuadernos de Andar y ver.