En julio pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil de la Guardia Nacional. Dicho paso permitiría transferir por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y abandonar por completo su carácter civil sin perder su presencia en la seguridad pública. En otras palabras, México se convertiría en uno de los pocos países de la región con una corporación militar operando abiertamente en funciones policiales. De este modo, se altera el original mandato constitucional sobre el carácter civil de la Guardia Nacional. A partir de la aprobación de la reforma, la Sedena tendría un pie en la protección de la ciudadanía en delitos del fuero común (y no sólo en materia de criminalidad organizada). La promesa de campaña del actual Presidente de retirar al Ejército de las tareas de seguridad pública quedó en el olvido (igual que con el antecesor). La nueva apuesta es por militarizar todavía más el policiamiento civil de los delitos comunes.