El Ejército en la Ciudad

Hace pocos días, el Presidente de México publicó un decreto presidencial que autoriza al Ejército para actuar como Policía hasta 2024. La medida permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. Organizaciones civiles y de derechos humanos, intelectuales, académicos y periodistas criticaron la medida como parte de la creciente militarización del País. En realidad, el decreto es sólo una formalidad, dado que hay antecedentes más importantes: en diciembre de 2017, se promulgó la Ley de Seguridad Interior que dio un marco legal al Ejército para actuar en las tareas de seguridad pública a través de la solicitud de un mandatario estatal para garantizar la seguridad de la población. El decreto fue un mero refrendo de lo que el Ejército ya viene haciendo: patrullaje militar de las calles del País, detenciones, interrogatorios, etc. Y sin necesidad de responder a ninguna solicitud de información, porque desde la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto cualquier información relacionada con intervenciones militares es "reservada". En realidad, lo curioso es que el Ejército haya pedido todavía más a cambio de seguir interviniendo en la seguridad pública del País. Y el Valle Metropolitano no es una excepción.