El costo de no escuchar

El 30 de diciembre pasado Li Wenliang, médico residente en el Hospital Central de la ciudad de Wuhan, envió una nota a un chat privado avisando que varios trabajadores de un mercado local de fauna viva estaban internados en su hospital por haber contraído un nuevo virus muy contagioso. Su mensaje comenzó a compartirse en redes sociales. Al poco tiempo, la policía lo arrestó. Dos días después fue liberado, pero para ello tuvo que firmar una carta en la que se comprometía a dejar de "difundir rumores" y "perturbar el orden social", so pena de ser "disciplinado por la ley". Durante las siguientes semanas el gobierno chino trató de impedir que se supiera lo que estaba pasando: castigando al personal médico que denunciara, acallando testimonios y ocultando la evolución del contagio no de animales a humanos sino ya entre humanos sin contacto con animales. Con todo, el número cada vez mayor de casos, los cuestionamientos de la prensa extranjera y una creciente intranquilidad social terminaron forzando al régimen de Xi Jinping, el 20 de enero, a admitir públicamente la gravedad de la epidemia y a desplegar políticas severísimas para hacerle frente. El 30 de enero, mismo día en que la Organización Mundial de la Salud declaró "emergencia sanitaria global", Wenliang dio positivo en una prueba. La siguiente semana, cuando ya se reportaban casi 35 mil contagios y 722 muertes en China, así como brotes confirmados en 27 países de todos los continentes salvo África, el doctor Wenliang murió. Era apenas 7 de febrero.