Esta semana, una Corte de Apelación en Boston le abrió las puertas de la justicia al gobierno de México para que pueda iniciar un juicio de responsabilidad civil en contra de ocho empresas que fabrican y distribuyen armas en Estados Unidos. El juez de primera instancia había desechado la demanda. El gobierno de México apeló esa decisión y ganó. Un panel de tres jueces decidió que México sí tiene derecho a poder probar en juicio que las empresas demandadas han sido negligentes en el control de la venta y distribución de armas, ya que dichas armas han terminado sistemáticamente en manos de las organizaciones criminales y de las personas que cometen delitos violentos en México. La defensa legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que esas empresas deberían haber tomado medidas para que ello no sucediera; no haberlo hecho las hace responsables civilmente. Dicha responsabilidad puede llevar aparejadas sanciones económicas a las empresas, además de obligarlas a cambiar sus prácticas de venta y distribución de armas.