El 23 de abril del 2020, la Presidencia aprobó por decreto (DOF, 2020) una Ley de Amnistía para beneficiar a sentenciados en tribunales federales por aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud (cometido por estar en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad y la cantidad decomisada era menor), disturbios, alteraciones a la seguridad (sedición pero no terrorismo) y robo simple y sin violencia; y cualquier delito para población indígena si su proceso no fue adecuado o no tuvo un intérprete. Esto permitirá otorgar un "perdón" a personas que hayan cometido esos delitos no graves para que puedan salir de prisión. La idea es liberar a sectores vulnerables ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).