La semana pasada sucedieron dos hechos muy delicados. En primer término, el Presidente, en la mañanera, cuestionó públicamente al juez Gómez Fierro por haber otorgado la suspensión provisional con efectos generales para que no se le aplique la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica a las empresas afectadas. En segundo término, un día después, una diputada de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo para que los jueces no puedan otorgar suspensiones cuando se trate de CFE, Pemex y el nuevo régimen de remuneraciones en el sector público. Ambas cuestiones generaron una enorme preocupación en el sector económico, pues ven que el Presidente está haciendo justamente eso que más temen: descalificar al árbitro, presionarlo públicamente y cambiar las leyes cuando el sentido de las sentencias no le favorece.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".