Las quiebras de siempre en la 4T

Desde que comenzó su proceso de quiebra, Aeroméxico (¿se acuerda de ellos?) ha despedido trabajadores, redujo salarios y canceló contratos colectivos de trabajo a través de las autoridades federales en materia laboral. En cierta medida, esto parece relativamente "normal" en la quiebra de una empresa. Pero esta penuria y escasez económica de los sectores medios o bajos de la nómina salarial y acreedores comunes no es para todos. Aeroméxico ha logrado pagar a grandes despachos legales que han iniciado una reestructura financiera de sus activos para tener grandes beneficios fiscales y contables, pagar bonos a los altos ejecutivos de la firma y cumplir con los compromisos contractuales de fondeadoras como DIP Financing y Ad Hoc (Casas Lía, 2021). Curiosamente, esta reingeniería financiera se hizo frente a los ojos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que en ningún momento intervinieron para proteger a los débiles de esta quiebra. Y para completar este cuadro, la aerolínea acudió a los tribunales de Nueva York para solicitar la protección establecida en la Constitución de Estados Unidos (Capítulo 11). Aunque pudo perfectamente recurrir a la Ley de Concursos Mercantiles dentro la legislación mexicana vigente.