NACIONAL

Prevé Cepal rezago en desarrollo social

Diana Baptista y Evlyn Cervantes

Cd. de México (06 octubre 2015) .-15:57 hrs

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Ante la desaceleración económica mundial, América Latina y el Caribe tendrá dificultades para implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, alertó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al inaugurar la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo esta semana en México, recordó que 196 países se comprometieron a erradicar la pobreza extrema y la desigualdad en los próximos 15 años.

"Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nosotros en la Cepal vemos con preocupación la desaceleración económica mundial, la caída de la demanda y una gran desaceleración del comercio internacional. No va a ser fácil implementar esta agenda transformadora en un contexto más complejo y más difícil", expresó.

Frente al Presidente Enrique Peña y representantes de 33 países, llamó a que en la conferencia se aprueben medidas para extender la prosperidad a toda la población y brindar igualdad de oportunidades.

Para ello, motivó a entender las proyecciones de población y las tendencias demográficas de la región.

En la reunión de los próximos días se acordará la guía de implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más relevante firmado en la región en materia de población y desarrollo.

El Consenso prevé la integración plena de la población en el desarrollo sostenible, la superación de las desigualdades y la erradicación de la pobreza.

Después de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, esta es la primera reunión intergubernamental a nivel regional organizada por la Cepal y la Conapo, con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), explicó que el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030 se encuentran vinculadas, a fin de dar un marco conceptual y político a la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

"Aspiramos a establecer indicadores; a discutir sobre el envejecimiento pleno, calidad de cuidados y protección social; derechos de niños y jóvenes, migración internacional, desigualdad territorial, pueblos indígenas y afrodescendientes (...) con una óptica de igualdad de género y derechos humanos", describió.

En el evento también estuvieron presentes los Secretarios de Economía, Educación, Desarrollo Social, Recursos Naturales y Desarrollo Agrario.

La población mexicana, igual que en la región de Latinoamérica, tiene una tendencia de gasto cada vez más creciente en gasolinas porque va transitando del transporte público al privado, afirmó Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Economía para el Cambio Climático de la Comisión.

Tal patrón de consumo, de servicios público a privados, también se observa en los servicios de salud y el acceso a la educación.

"La gente no se está sintiendo cómoda con los servicios públicos que está recibiendo y prefiere pagar por ellos", indicó.

En términos de sustentabilidad, Galindo explicó que si todos pasan de un modelo de transporte público a uno privado, será difícil cumplir las metas de mitigación de gases de efecto invernadero y se complicará hacerle frente al cambio climático.

Además, señaló que bajo este modelo también se pierde la cohesión social y se segmenta aún más a los habitantes de las ciudades.

"México tendría que tener un pacto para construir una nueva matriz público-privada que sea capaz de ofrecerle los servicios que la población le está requiriendo en transporte pero también en salud y en educación. Eso es fundamental para construir un desarrollo mucho más equitativo y sostenible de otra forma se estarían poniendo en riesgo los activos sociales, políticos y ambientales", apuntó.

De no corregir este modelo de desarrollo que concentra los servicios públicos en los grupos de más bajos ingresos y los identifica en los estratos de mayor pobreza, advirtió que continuará una creciente inconformidad con los servicios públicos cuyos costos asumen los ciudadanos por igual a través del pago de impuestos.