NACIONAL
Resarcirán a 300 por caso Iguala
Silvia Garduño
Cd. de México (31 julio 2015) .-00:00 hrs
Alrededor de 300 personas podrían ser consideradas víctimas en el proceso de reparación del daño por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aseguró el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.
"Están registrados todos los normalistas, sus familias y otras víctimas, por ejemplo el equipo de futbol Los Avispones, sus familias, una señora que murió en este contexto.
"Estaríamos hablando, voy a dar números aproximados, de 300 personas más o menos", indicó en entrevista en el marco del Encuentro Regional Contra la Trata de Personas que se realizó en la Cancillería.
El funcionario explicó que, según la Ley General de Víctimas, pueden recibir compensaciones padres, hijos, hermanos, abuelos, cónyuges y otros familiares que pudieran haber sido agraviados por la desaparición de un ser querido.
"Estas familias han recibido un daño enorme por estos hechos, muchos han perdido la posibilidad de trabajar, los que tuvieron hijos, la posibilidad de ser educados, entonces sí es amplio", precisó.
Rochín aseguró que la CEAV puede proceder a reparar el daño a las víctimas ahora que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo solicitó en su informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, presentado la semana pasada.
Hasta el momento, señaló, los familiares habían pedido a la CEAV no entrar en un proceso de reparación, sino el acompañamiento en la exigencia de verdad y justicia, así como en la búsqueda de sus seres queridos en vida.
El funcionario hizo un llamado a los padres de familia a aceptar el proceso de reparación del daño, pues es su derecho y no significa pactar con las autoridades federales.
Para ello, afirmó, ya están en contacto con sus representantes, es decir, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Este proceso de reparación no implica de ninguna manera una sujeción a las autoridades, al Estado, sino que es un derecho que ellos tienen, que para nosotros es una obligación", expuso.
"Entendemos que haya desconfianza y que crean que esto pudiera generar un compromiso con las autoridades, nosotros les decimos que no, que es su derecho porque tienen familiares desaparecidos y que pueden exigirlo.
"No es una manera de cooptarlos, no estamos buscando que ellos dejen de hacer sus exigencias, sino que es nuestra obligación", insistió.
El titular de la CEAV precisó que la reparación integral del daño incluye muchos aspectos, no solamente la compensación económica.
Que las víctimas, dijo, sientan que el Estado responde, por ejemplo, a través de una disculpa pública o con la generación de condiciones para atender las problemáticas que dieron origen a estos hechos, así como garantías de no repetición, para lo cual urgió a la pronta aprobación de una ley general en la materia.
"Están registrados todos los normalistas, sus familias y otras víctimas, por ejemplo el equipo de futbol Los Avispones, sus familias, una señora que murió en este contexto.
"Estaríamos hablando, voy a dar números aproximados, de 300 personas más o menos", indicó en entrevista en el marco del Encuentro Regional Contra la Trata de Personas que se realizó en la Cancillería.
El funcionario explicó que, según la Ley General de Víctimas, pueden recibir compensaciones padres, hijos, hermanos, abuelos, cónyuges y otros familiares que pudieran haber sido agraviados por la desaparición de un ser querido.
"Estas familias han recibido un daño enorme por estos hechos, muchos han perdido la posibilidad de trabajar, los que tuvieron hijos, la posibilidad de ser educados, entonces sí es amplio", precisó.
Rochín aseguró que la CEAV puede proceder a reparar el daño a las víctimas ahora que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo solicitó en su informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, presentado la semana pasada.
Hasta el momento, señaló, los familiares habían pedido a la CEAV no entrar en un proceso de reparación, sino el acompañamiento en la exigencia de verdad y justicia, así como en la búsqueda de sus seres queridos en vida.
El funcionario hizo un llamado a los padres de familia a aceptar el proceso de reparación del daño, pues es su derecho y no significa pactar con las autoridades federales.
Para ello, afirmó, ya están en contacto con sus representantes, es decir, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Este proceso de reparación no implica de ninguna manera una sujeción a las autoridades, al Estado, sino que es un derecho que ellos tienen, que para nosotros es una obligación", expuso.
"Entendemos que haya desconfianza y que crean que esto pudiera generar un compromiso con las autoridades, nosotros les decimos que no, que es su derecho porque tienen familiares desaparecidos y que pueden exigirlo.
"No es una manera de cooptarlos, no estamos buscando que ellos dejen de hacer sus exigencias, sino que es nuestra obligación", insistió.
El titular de la CEAV precisó que la reparación integral del daño incluye muchos aspectos, no solamente la compensación económica.
Que las víctimas, dijo, sientan que el Estado responde, por ejemplo, a través de una disculpa pública o con la generación de condiciones para atender las problemáticas que dieron origen a estos hechos, así como garantías de no repetición, para lo cual urgió a la pronta aprobación de una ley general en la materia.
