ESTADOS
Avanza acción colectiva por derrame
Víctor Fuentes
Cd. de México (20 abril 2015) .-12:00 hrs
Una juez federal aceptó dar trámite a una acción colectiva contra Grupo México por daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que podría incrementar exponencialmente los costos que ha enfrentado la empresa por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico.
Emma Gaspar Santana, juez Octava de Distrito en Materia Civil, aceptó certificar el 26 de marzo como acción colectiva difusa la demanda presentada en agosto de 2014 por los abogados David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha.
Hasta ahora, Grupo México sólo tuvo que pagar una multa de 40 millones de pesos impuesta por el Gobierno federal, y depositó 2 mil millones de pesos en un fideicomiso para reparar daños, cantidades relativamente menores ante el tamaño de la empresa, que tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.
"La certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental", afirmó Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa A. C..
"Si materialmente fuera imposible reparar el daño al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba antes de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos", agregó Pérez de Acha.
El monto a pagar será calculado por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y sería repartido según dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual contempla las acciones colectivas desde 2012.
Los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones para el poco éxito que han tenido las acciones colectivas.
La acción colectiva difusa, como ésta, "se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad", explica el Código.
El fideicomiso de 2 mil millones de pesos fue creado por Grupo México luego de negociaciones con el Gobierno federal, y la empresa se comprometió a incrementar su monto si un comité técnico de evaluación lo considera necesario.
Emma Gaspar Santana, juez Octava de Distrito en Materia Civil, aceptó certificar el 26 de marzo como acción colectiva difusa la demanda presentada en agosto de 2014 por los abogados David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha.
Hasta ahora, Grupo México sólo tuvo que pagar una multa de 40 millones de pesos impuesta por el Gobierno federal, y depositó 2 mil millones de pesos en un fideicomiso para reparar daños, cantidades relativamente menores ante el tamaño de la empresa, que tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.
"La certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental", afirmó Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa A. C..
"Si materialmente fuera imposible reparar el daño al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba antes de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos", agregó Pérez de Acha.
El monto a pagar será calculado por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y sería repartido según dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual contempla las acciones colectivas desde 2012.
Los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones para el poco éxito que han tenido las acciones colectivas.
La acción colectiva difusa, como ésta, "se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad", explica el Código.
El fideicomiso de 2 mil millones de pesos fue creado por Grupo México luego de negociaciones con el Gobierno federal, y la empresa se comprometió a incrementar su monto si un comité técnico de evaluación lo considera necesario.
