SU PETICIÓN quedó rebasada tras la decisión de Enrique Peña Nieto de promulgar ayer mismo la Ley de Seguridad Interior y dejar en manos de la Suprema Corte el futuro de esa polémica legislación, pero los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública fijaron un postura clara y unánime.