Investigarán pagos por desmonte en Kia
Daniel Reyes
(01 mayo 2016) .-00:00 hrs
Tras censurar que la empresa encargada de preparar el terreno para la armadora Kia haya arrojado montones de tierra en una cañada, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que harán una revisión a fondo que incluirá los pagos liberados al contratista.
Señaló que ha faltado supervisión en esas obras que paga el Estado como parte de los incentivos que la pasada Administración concedió a la empresa coreana para que se instalara en el Municipio de Pesquería.
"Muchas cosas se obviaron por traer con urgencia a Kia, y por eso hoy tenemos grandes problemas. Esa tierra debió haberse llevado a 5 kilómetros de distancia, y la llevaron 500 metros, y es la falta de supervisión de las cosas", afirmó.
"Y, de los contratos que se hicieron, estamos haciendo ahorita un análisis muy preciso de cuánta tierra se movió y si fue realmente lo que se pagó".
Para preparar los terrenos de Kia, la Administración del ex Gobernador Rodrigo Medina contrató, por mil 579 millones de pesos, a la empresa Profrezac.
REFORMA documentó el 14 de septiembre del 2014 que esta compañía es propiedad del empresario José Aguirre Campos, quien también es dueño de Universal Jet Rental de México, proveedora de un avión Learjet 45 que Medina utilizó a lo largo de su sexenio.
Otro vínculo directo del Estado con Aguirre y su empresa se dio con el nombramiento de Enrique Laviada Cirerol como coordinador de Comunicación Social del Estado, cargo que ocupó del 28 de julio del 2011 al 16 de julio del 2012.
Antes de su puesto en el Gobierno de Nuevo León, Laviada fue director del grupo de medios Noticias en Tiempo Real (NTR), también propiedad de Aguirre.
Sin dar ningún detalle del tema, el Gobernador recordó ayer que todos los contratos relacionados con Kia están bajo investigación.
"Estamos haciendo una auditoría completa en el tema de Kia, desde la erogación de contratos", expresó.
Rodríguez expuso que en el caso del contrato con Profrezac pidió a la Secretaría de Obras Públicas revisar si se cumplió el trabajo pagado, y por otra parte revisar y sancionar la obstrucción de cañadas con la tierra removida.