NACIONAL
Lo plagia crimen; lo hallan en fosa
César Martínez
(24 diciembre 2015) .-00:00 hrs
Jorge Antonio Parral fue secuestrado por el crimen organizado, ejecutado por el Ejército mexicano y "desaparecido", cuando la Procuraduría de Nuevo León lo enterró en una fosa común sin registrar su identidad, según la denuncia de una organización.
En 2010 mientras trabajaba para Caminos y Puentes Federales (Capufe), Parral solicitó apoyo federal ante los constantes enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales que se daban cerca del Puente Internacional de Camargo, en Tamaulipas.
En lugar de la ayuda solicitada, a su puesto de trabajo llegaron criminales preguntando específicamente por quien había lanzado la alerta. Se lo llevaron al rancho El Puerto, en el Municipio de Dr. Coss, en Nuevo León.
Fue llevado a un inmueble donde había otras personas secuestradas, ahí llegaron elementos del Ejército. Pero no implementaron un operativo de rescate, en su lugar desató un supuesto tiroteo en el que murió Parral y otro funcionario de Aduanas, también secuestrado.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que lleva el caso de Parral, nunca ha quedado claro que en realidad existiera el enfrentamiento señalado por la Sedena.
"Nunca ha quedado muy claro qué pasó exactamente ese día al interior del rancho, lo que sí se sabe, a través de la recomendación 57/2013 de la CNDH, es que hubo un uso excesivo de la fuerza, que no se ha determinado que haya existido un tiroteo y que en lugar de ejercer tácticas para rescatar a personas secuestradas lo que se hizo fue asesinarlas a corta distancia", señaló Nancy López, integrante de la CMDPDH.
La recomendación de la CNDH indica que Parral recibió tres disparos a quemarropa. A menos de 2 centímetros de distancia, por armas calibre 7.62 mm, de las mismas que usa el Ejército.
Tras su muerte, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León enterraron el cuerpo en una fosa común, sin que fuera identificado.
Esto a pesar de que, por ser un funcionario federal, se emitió una alerta binacional por el secuestro de Parral Rabadán, quien, además, llevaba puesto su uniforme de Capufe.
En el rancho donde fue llevado se encontró su camioneta, la cual fue tomada durante el secuestro, y en su interior se encontraban documentos que permitían su identificación.
Cuando la familia de Parral solicitó información sobre el vehículo robado durante el secuestro, se encontró una averiguación previa que estaba abierta en Nuevo León, donde se reportaba la muerte de una persona que fue enterrada en una fosa común.
"Se llega a la identificación con base en la investigación de la familia, no una realizada por las autoridades", recalcó Nancy López.
En 2010 mientras trabajaba para Caminos y Puentes Federales (Capufe), Parral solicitó apoyo federal ante los constantes enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales que se daban cerca del Puente Internacional de Camargo, en Tamaulipas.
En lugar de la ayuda solicitada, a su puesto de trabajo llegaron criminales preguntando específicamente por quien había lanzado la alerta. Se lo llevaron al rancho El Puerto, en el Municipio de Dr. Coss, en Nuevo León.
Fue llevado a un inmueble donde había otras personas secuestradas, ahí llegaron elementos del Ejército. Pero no implementaron un operativo de rescate, en su lugar desató un supuesto tiroteo en el que murió Parral y otro funcionario de Aduanas, también secuestrado.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que lleva el caso de Parral, nunca ha quedado claro que en realidad existiera el enfrentamiento señalado por la Sedena.
"Nunca ha quedado muy claro qué pasó exactamente ese día al interior del rancho, lo que sí se sabe, a través de la recomendación 57/2013 de la CNDH, es que hubo un uso excesivo de la fuerza, que no se ha determinado que haya existido un tiroteo y que en lugar de ejercer tácticas para rescatar a personas secuestradas lo que se hizo fue asesinarlas a corta distancia", señaló Nancy López, integrante de la CMDPDH.
La recomendación de la CNDH indica que Parral recibió tres disparos a quemarropa. A menos de 2 centímetros de distancia, por armas calibre 7.62 mm, de las mismas que usa el Ejército.
Tras su muerte, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León enterraron el cuerpo en una fosa común, sin que fuera identificado.
Esto a pesar de que, por ser un funcionario federal, se emitió una alerta binacional por el secuestro de Parral Rabadán, quien, además, llevaba puesto su uniforme de Capufe.
En el rancho donde fue llevado se encontró su camioneta, la cual fue tomada durante el secuestro, y en su interior se encontraban documentos que permitían su identificación.
Cuando la familia de Parral solicitó información sobre el vehículo robado durante el secuestro, se encontró una averiguación previa que estaba abierta en Nuevo León, donde se reportaba la muerte de una persona que fue enterrada en una fosa común.
"Se llega a la identificación con base en la investigación de la familia, no una realizada por las autoridades", recalcó Nancy López.
