ESTADOS
Denuncian invasión de una mina en BC
Aline Corpus/Corresponsal
(24 octubre 2015) .-00:00 hrs
Ejidatarios de Plan Nacional Agrario, en el poblado de San Felipe, acusan a la Mina Real de Ángeles, filial de Minera Frisco, de falsear información para ocupar de manera ilegal sus terrenos, además de adueñarse del agua sin permiso y contaminar la zona.
Genaro González Martínez, ejidatario fundador, dijo que desde hace 24 años han presentado denuncias ante la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Tribunal Unitario Agrario, así como quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Actualmente, la mina ocupa alrededor 2 mil 777.93 hectáreas y cada ejidatario percibe alrededor de 7 mil pesos al año, cantidad que se ha modificado con los índices inflacionarios y contratos elaborados y que deposita en el Tribunal Agrario.
Los ejidatarios acusaron a la mina de ocupar sus tierras de manera ilegal, contaminar mantos acuíferos con el manejo indiscriminado de sustancias tóxicas y despojo de agua.
La mina de oro y plata, cuyo principal accionista es Carlos Slim Helú, se localiza en el kilómetro 123 de la carretera entre Mexicali y el poblado de San Felipe, al noroeste de la península y cerca del Golfo de California.
Benito López Lares, presidente del Comisariado Ejidal, quien representa a los 214 ejidatarios, dijo que sus demandas han sido frustradas en tribunales y las negociaciones con la empresa son nulas.
Ejemplificó que en 1991 la empresa Arcillas y Caolines Frisco, primer nombre de la mina, con título de concesión, presentó una solicitud de ocupación temporal de 863 hectáreas por 32 millones 362 mil 500 pesos y 2 mil 500 pesos anuales como pago durante la concesión.
Esta cantidad equivale al 20 por ciento del valor comercial del terreno, pero a 24 años de explotación, la mina nunca compró las tierras de manera formal a los ejidatarios.
Actualmente la mina busca comprar cada hectárea en 2 mil dólares.
"Una oferta fuera de toda negociación, es imposible que se acepte esa cantidad", expuso González Martínez.
"(Además) Hubo tres actas relacionadas a esa ocupación temporal, dos de ellas falseadas", agregó.
Ejidatarios entrevistados reconocieron que hubo contubernio de representantes de mesas directivas del comisariado ejidal y de las autoridades para que la Minera Real de Ángeles pueda ocupar sus tierras.
También denunciaron que la mina amplió sus posesiones para construir pozos y extraer agua.
Genaro González Martínez, ejidatario fundador, dijo que desde hace 24 años han presentado denuncias ante la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Tribunal Unitario Agrario, así como quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Actualmente, la mina ocupa alrededor 2 mil 777.93 hectáreas y cada ejidatario percibe alrededor de 7 mil pesos al año, cantidad que se ha modificado con los índices inflacionarios y contratos elaborados y que deposita en el Tribunal Agrario.
Los ejidatarios acusaron a la mina de ocupar sus tierras de manera ilegal, contaminar mantos acuíferos con el manejo indiscriminado de sustancias tóxicas y despojo de agua.
La mina de oro y plata, cuyo principal accionista es Carlos Slim Helú, se localiza en el kilómetro 123 de la carretera entre Mexicali y el poblado de San Felipe, al noroeste de la península y cerca del Golfo de California.
Benito López Lares, presidente del Comisariado Ejidal, quien representa a los 214 ejidatarios, dijo que sus demandas han sido frustradas en tribunales y las negociaciones con la empresa son nulas.
Ejemplificó que en 1991 la empresa Arcillas y Caolines Frisco, primer nombre de la mina, con título de concesión, presentó una solicitud de ocupación temporal de 863 hectáreas por 32 millones 362 mil 500 pesos y 2 mil 500 pesos anuales como pago durante la concesión.
Esta cantidad equivale al 20 por ciento del valor comercial del terreno, pero a 24 años de explotación, la mina nunca compró las tierras de manera formal a los ejidatarios.
Actualmente la mina busca comprar cada hectárea en 2 mil dólares.
"Una oferta fuera de toda negociación, es imposible que se acepte esa cantidad", expuso González Martínez.
"(Además) Hubo tres actas relacionadas a esa ocupación temporal, dos de ellas falseadas", agregó.
Ejidatarios entrevistados reconocieron que hubo contubernio de representantes de mesas directivas del comisariado ejidal y de las autoridades para que la Minera Real de Ángeles pueda ocupar sus tierras.
También denunciaron que la mina amplió sus posesiones para construir pozos y extraer agua.
