INTERNACIONAL
Mata corrupción en Guatemala
Juan Manuel Fernández / Especial
(03 agosto 2015) .-00:00 hrs
Luis Alberto Ávila, padre de tres, luce preocupado en la sala de esperas de cuidados intensivos del Hospital General San Juan de Dios, en el centro de la capital.
Su esposa, Zoila Orellana, está hospitalizada desde febrero porque se le reventó un tumor cerebral.
"Me la operaron hasta dos meses después, porque no había insumos, ni quirófanos. Ella ingresó consciente, pero a los ocho días una bacteria le entró por la nariz", cuenta Ávila, bombero de profesión.
La meningitis que su esposa contrajo en el Hospital tampoco ha sido tratada, porque se acabaron los antibióticos, y Zoila ha tenido paros cardiacos al no recibir tratamiento.
"Sabe qué es lo que pasa aquí se comen el dinero de las medicinas. Aquí no hay nada", reclama Ávila.
Los pasillos del Hospital están sucios y las instalaciones altamente deterioradas. En enero, fue destituido el director César Reyes tras dos meses en el puesto por también pagar de más por alimentos para los pacientes. Eso derivó en que muchos no comían más que un poco de piña al día.
Y mientras Luis Alberto, Zoila y su familia siguen a la espera de un milagro, un caso por corrupción contra el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) sigue abierto en los tribunales.
Ese caso ha cobrado la vida de más de dos decenas de pacientes, según el Ministerio Público.
La investigación comenzó en mayo pasado, cuando 17 personas, incluyendo el presidente del IGSS, fueron detenidas por fraude. A cambio de moches, dieron un contrato de 14.8 millones de dólares a la farmacéutica PISA, ligada a líderes parlamentarios, para tratamiento de enfermos de diálisis.
PISA no tenía el equipo necesario. Los pacientes se infectaron y murieron de peritonitis.
"La corrupción literalmente está matando a los usuarios de los servicios de salud. Hay 5 millones de personas sin atención médica básica", acusa Manfredo Marroquín, presidente de la ONG que monitorea corrupción Acción Ciudadana.
"Todos los ministerios, salud, educación, seguridad, están al servicio de grandes financistas de campaña que hacen negocios fraudulentos con recursos públicos", añade.
En efecto, el caso del IGSS no es el único de corrupción en Guatemala. Establecida por la ONU, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) denunció también este año un caso de fraude en la administración tributaria del país centroamericano.
El llamado caso SAT ya desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
"En el caso de Guatemala, a la ineficiente utilización de los pocos recursos públicos se suma la corrupción (...) Los impactos son notorios en un sistema público de salud colapsado, así como en bajas coberturas educativas y una educación de poca calidad, y en graves dificultades para garantizar el trabajo de la policía nacional civil.
"El trabajo de la Cicig está abriendo una ventana de oportunidades para que la sociedad conozca y comprenda los innumerables caminos que toma la corrupción y los actores que participan en ella", estima Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Toda la situación se desarrolla poco antes de las elecciones generales del 6 de septiembre.
Menkos agregó que la oferta para esos comicios es muy pobre y que no hay candidatos que hayan prometido rendición de cuentas por los problemas de corrupción ni cumplir con transparencia de ingresos y gasto público.
"Los partidos políticos demuestran poco interés en presentar y debatir planes de gobierno", indica.
Su esposa, Zoila Orellana, está hospitalizada desde febrero porque se le reventó un tumor cerebral.
"Me la operaron hasta dos meses después, porque no había insumos, ni quirófanos. Ella ingresó consciente, pero a los ocho días una bacteria le entró por la nariz", cuenta Ávila, bombero de profesión.
La meningitis que su esposa contrajo en el Hospital tampoco ha sido tratada, porque se acabaron los antibióticos, y Zoila ha tenido paros cardiacos al no recibir tratamiento.
"Sabe qué es lo que pasa aquí se comen el dinero de las medicinas. Aquí no hay nada", reclama Ávila.
Los pasillos del Hospital están sucios y las instalaciones altamente deterioradas. En enero, fue destituido el director César Reyes tras dos meses en el puesto por también pagar de más por alimentos para los pacientes. Eso derivó en que muchos no comían más que un poco de piña al día.
Y mientras Luis Alberto, Zoila y su familia siguen a la espera de un milagro, un caso por corrupción contra el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) sigue abierto en los tribunales.
Ese caso ha cobrado la vida de más de dos decenas de pacientes, según el Ministerio Público.
La investigación comenzó en mayo pasado, cuando 17 personas, incluyendo el presidente del IGSS, fueron detenidas por fraude. A cambio de moches, dieron un contrato de 14.8 millones de dólares a la farmacéutica PISA, ligada a líderes parlamentarios, para tratamiento de enfermos de diálisis.
PISA no tenía el equipo necesario. Los pacientes se infectaron y murieron de peritonitis.
"La corrupción literalmente está matando a los usuarios de los servicios de salud. Hay 5 millones de personas sin atención médica básica", acusa Manfredo Marroquín, presidente de la ONG que monitorea corrupción Acción Ciudadana.
"Todos los ministerios, salud, educación, seguridad, están al servicio de grandes financistas de campaña que hacen negocios fraudulentos con recursos públicos", añade.
En efecto, el caso del IGSS no es el único de corrupción en Guatemala. Establecida por la ONU, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) denunció también este año un caso de fraude en la administración tributaria del país centroamericano.
El llamado caso SAT ya desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
"En el caso de Guatemala, a la ineficiente utilización de los pocos recursos públicos se suma la corrupción (...) Los impactos son notorios en un sistema público de salud colapsado, así como en bajas coberturas educativas y una educación de poca calidad, y en graves dificultades para garantizar el trabajo de la policía nacional civil.
"El trabajo de la Cicig está abriendo una ventana de oportunidades para que la sociedad conozca y comprenda los innumerables caminos que toma la corrupción y los actores que participan en ella", estima Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Toda la situación se desarrolla poco antes de las elecciones generales del 6 de septiembre.
Menkos agregó que la oferta para esos comicios es muy pobre y que no hay candidatos que hayan prometido rendición de cuentas por los problemas de corrupción ni cumplir con transparencia de ingresos y gasto público.
"Los partidos políticos demuestran poco interés en presentar y debatir planes de gobierno", indica.
