NACIONAL
Defienden derecho a videograbar abusos
Diana Baptista
(18 julio 2015) .-18:50 hrs
Organizaciones unidas bajo la red Video4Change (Video para el Cambio) se pronunciaron a favor del derecho de los ciudadanos a videograbar abusos de poder.
En el marco de una serie de talleres con organizaciones de derechos humanos, Sam Gregory, director de Witness, acusó que los ciudadanos que graban violencia o abusos por parte de funcionarios públicos generalmente son blanco de agresiones.
"En cada país, si es un espacio público, si es un oficial público, no hay razones muy específicas para que no se pueda grabar. Siempre debe haber un derecho a grabar, pero la realidad es que alrededor del mundo vemos que el derecho está bajo ataque, en gran parte porque las autoridades no creen que los ciudadanos lo tienen", explicó Gregory en entrevista.
"Hemos visto en todos los países de América que, cuando hay video de casos de abusos, es la mejor oportunidad para la justicia".
Mientras que la cámara antes era un escudo, dijo, ahora es un objetivo de ataques por parte de las autoridades.
Gregory destacó que varios casos en América demuestran el poder de la videograbación ciudadana, por ejemplo, el video donde un policía estadounidense asesina de siete disparos en la espalda a un hombre afroamericano.
En Brasil, abundó, los asesinatos de jóvenes de las favelas a manos de policías sólo se investiga si existen videos de los hechos.
"Para asegurarnos de que hay protección contra los abusos, ahora tenemos todos estos ciudadanos que están armados con una cámara, por eso hay que mantener este derecho a grabar, para asegurarnos de que haya ciudadanos en poder", consideró.
Para grabar imágenes de abusos que, en un futuro, puedan repercutir en sanciones contra las autoridades, Gregory urgió a que las personas contemplen un plan en tres niveles.
Ejemplificó que, para documentar violencia en una protesta social, el ciudadano debe grabar el contexto de la protesta, el acto violento y detalles que permitan identificar a la autoridad, como placas de identificación o de automóviles.
Además, la persona debe utilizar herramientas para archivar los videos, las cuales permiten que se conserven los datos que acreditan el lugar donde se videograbaron los hechos.
En un segundo nivel, recomendó que las ONG tengan un plan de documentación, archivo y difusión de los videos, los cuales pueden servir para probar detenciones arbitrarias o acusaciones falsas.
Por último, indicó que los videos pueden servir como pruebas en juzgados, y que eventualmente pueden convertirse en aliados para la justicia.
Hoy, Witness y las organizaciones EngageMedia y SocialTIC brindaron una serie de conferencias bajo el concepto Video4Change, el cual plantea el uso del video como una herramienta de cambio social.
En el marco de una serie de talleres con organizaciones de derechos humanos, Sam Gregory, director de Witness, acusó que los ciudadanos que graban violencia o abusos por parte de funcionarios públicos generalmente son blanco de agresiones.
"En cada país, si es un espacio público, si es un oficial público, no hay razones muy específicas para que no se pueda grabar. Siempre debe haber un derecho a grabar, pero la realidad es que alrededor del mundo vemos que el derecho está bajo ataque, en gran parte porque las autoridades no creen que los ciudadanos lo tienen", explicó Gregory en entrevista.
"Hemos visto en todos los países de América que, cuando hay video de casos de abusos, es la mejor oportunidad para la justicia".
Mientras que la cámara antes era un escudo, dijo, ahora es un objetivo de ataques por parte de las autoridades.
Gregory destacó que varios casos en América demuestran el poder de la videograbación ciudadana, por ejemplo, el video donde un policía estadounidense asesina de siete disparos en la espalda a un hombre afroamericano.
En Brasil, abundó, los asesinatos de jóvenes de las favelas a manos de policías sólo se investiga si existen videos de los hechos.
"Para asegurarnos de que hay protección contra los abusos, ahora tenemos todos estos ciudadanos que están armados con una cámara, por eso hay que mantener este derecho a grabar, para asegurarnos de que haya ciudadanos en poder", consideró.
Para grabar imágenes de abusos que, en un futuro, puedan repercutir en sanciones contra las autoridades, Gregory urgió a que las personas contemplen un plan en tres niveles.
Ejemplificó que, para documentar violencia en una protesta social, el ciudadano debe grabar el contexto de la protesta, el acto violento y detalles que permitan identificar a la autoridad, como placas de identificación o de automóviles.
Además, la persona debe utilizar herramientas para archivar los videos, las cuales permiten que se conserven los datos que acreditan el lugar donde se videograbaron los hechos.
En un segundo nivel, recomendó que las ONG tengan un plan de documentación, archivo y difusión de los videos, los cuales pueden servir para probar detenciones arbitrarias o acusaciones falsas.
Por último, indicó que los videos pueden servir como pruebas en juzgados, y que eventualmente pueden convertirse en aliados para la justicia.
Hoy, Witness y las organizaciones EngageMedia y SocialTIC brindaron una serie de conferencias bajo el concepto Video4Change, el cual plantea el uso del video como una herramienta de cambio social.
