INTERNACIONAL
Alertan abusos de Patrulla Fronteriza
Marina Franco
(18 mayo 2015) .-00:00 hrs
Digna Quezada no pudo detener al agente de la Patrulla Fronteriza que cerró la puerta del cuarto en el hospital y recorrió sus manos por sus piernas y hasta su vagina.
Después, apenas y se atrevió a decirle algo a una enfermera.
"Estaba en shock. Quería contarle a alguien, pero pensé que nadie me iba a creer", relata la joven mexicana en una demanda interpuesta por abuso sexual.
Quezada, quien se había roto el brazo en el centro de detención de migrantes donde permanecía después de cruzar ilegalmente la frontera, fue regresada a México sin que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) investigara sus acusaciones.
La demanda está cerca de ser desechada, denunció su abogado a REFORMA.
"El Gobierno dice que no puede atribuírsele la culpa. El agente dijo que no tocó a Digna y todos se apresuraron a creerle", sentenció Javier Maldonado.
Pero el caso de Digna Quezada está lejos de ser el único.
Según una nueva investigación, dos de los organismos policiales más grandes de Estados Unidos, cobijados por el DHS, son también los que más casos de abuso sexual suman.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de la que depende la Patrulla Fronteriza, dice haber recibido 285 acusaciones desde 2009 contra sus agentes por mala conducta, de tipo sexual.
Al menos 35 de las acusaciones refieren abuso a niños detenidos entre 2012 y 2014, según James Tomsheck, el ex encargado de asuntos internos de la Agencia.
De acuerdo con una investigación de CBS News, como mínimo 44 de los 285 casos permanecen impunes o sin investigar.
"Yo sabía que era un problema significativo, pero quizás es todavía peor de lo que pensé", dijo Tomsheck, en una entrevista la semana pasada.
Por su parte, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió 215 acusaciones por abuso sexual en centros de detención de migrantes, entre octubre de 2009 y marzo de 2013.
Del total, 208 casos fueron descartados por presunta falta de evidencia, de acuerdo con la Oficina de Fiscalización del Gobierno.
Estos datos, según admite una investigación interna del Departamento de Seguridad Interior, subestiman las cifras reales por una falta de estadísticas confiables en cada centro y porque muchos casos no son reportados.
"Los incidentes que sí se conocen sólo son la punta del iceberg", indicó Meghan Rhoad, encargada de asuntos de mujeres de Human Rights Watch.
Casos como el de Digna Quezada, al menos, han forzado la mano de las autoridades.
El ex Secretario de Justicia Jeh Johnson ordenó en septiembre dos meses después de que la mexicana presentara su caso ante una corte de Brownsville implementar estándares de protección contra acoso y abuso sexual en centros de detención de migrantes.
Pero Maldonado, el abogado de Quezada, afirma que las medidas no tendrán ningún efecto.
"No tengo nada de fe en que vaya a ser eficaz la 'nueva' política (...) el principal interés del Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia es protegerse a sí mismos", sentenció.
De hecho, aunque el anuncio del DHS sobre los estándares contra el acoso fue dado en septiembre, nunca se estableció cuándo comenzarían a ser implementadas las medidas.
Asimismo, la política de cero tolerancia, establecida en marzo, creó el puesto de Coordinador de Prevención de Abuso Sexual en la CBP. Hasta la fecha, nadie ha sido nombrado.
Además, el Departamento de Seguridad Interior no ha tomado en cuenta que el problema podría estar en las contrataciones, según Tomsheck.
Entre 2009 y 2015, al menos 21 agentes fronterizos han sido imputados o se han declarado culpables de delitos sexuales, y cinco fueron arrestados el año pasado.
De haber sido sometidos a pruebas más rigurosas, su historial habría salido a la luz antes de ser contratados, indicó.
"Hay individuos que probablemente habían cometido crímenes antes, pero sus actos no fueron detectados", señaló el ex encargado de investigar las acusaciones.
Mientras, muchos de los casos continúan impunes, y bastantes más han sido descartados.
Según datos del Departamento de Justicia, tan sólo en enero de este año fueron desechadas acusaciones de violación en el centro de detención de Karnes City, Texas, por presunta falta de evidencia.
Migrantes detenidas ahí afirman que un agente embarazó a una mujer y que han sido forzadas a tener sexo a cambio de dinero para comprar bienes básicos en la tienda del lugar.
Una mujer que presentó acusaciones fue amenazada, según las detenidas, con documentar reportes en su contra para perjudicar su proceso migratorio en las Cortes.
"Hay poca, si es que hay, rendición de cuentas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza saben que ni el Departamento de Justicia, ni Asuntos Internos, van a investigar las acusaciones, y el sindicato va a protegerlos sin importar qué tan serio sea el caso", dijo Maldonado.
¿Y los migrantes?, se le preguntó.
"No están a salvo", concluyó el abogado.
Después, apenas y se atrevió a decirle algo a una enfermera.
"Estaba en shock. Quería contarle a alguien, pero pensé que nadie me iba a creer", relata la joven mexicana en una demanda interpuesta por abuso sexual.
Quezada, quien se había roto el brazo en el centro de detención de migrantes donde permanecía después de cruzar ilegalmente la frontera, fue regresada a México sin que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) investigara sus acusaciones.
La demanda está cerca de ser desechada, denunció su abogado a REFORMA.
"El Gobierno dice que no puede atribuírsele la culpa. El agente dijo que no tocó a Digna y todos se apresuraron a creerle", sentenció Javier Maldonado.
Pero el caso de Digna Quezada está lejos de ser el único.
Según una nueva investigación, dos de los organismos policiales más grandes de Estados Unidos, cobijados por el DHS, son también los que más casos de abuso sexual suman.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de la que depende la Patrulla Fronteriza, dice haber recibido 285 acusaciones desde 2009 contra sus agentes por mala conducta, de tipo sexual.
Al menos 35 de las acusaciones refieren abuso a niños detenidos entre 2012 y 2014, según James Tomsheck, el ex encargado de asuntos internos de la Agencia.
De acuerdo con una investigación de CBS News, como mínimo 44 de los 285 casos permanecen impunes o sin investigar.
"Yo sabía que era un problema significativo, pero quizás es todavía peor de lo que pensé", dijo Tomsheck, en una entrevista la semana pasada.
Por su parte, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió 215 acusaciones por abuso sexual en centros de detención de migrantes, entre octubre de 2009 y marzo de 2013.
Del total, 208 casos fueron descartados por presunta falta de evidencia, de acuerdo con la Oficina de Fiscalización del Gobierno.
Estos datos, según admite una investigación interna del Departamento de Seguridad Interior, subestiman las cifras reales por una falta de estadísticas confiables en cada centro y porque muchos casos no son reportados.
"Los incidentes que sí se conocen sólo son la punta del iceberg", indicó Meghan Rhoad, encargada de asuntos de mujeres de Human Rights Watch.
Casos como el de Digna Quezada, al menos, han forzado la mano de las autoridades.
El ex Secretario de Justicia Jeh Johnson ordenó en septiembre dos meses después de que la mexicana presentara su caso ante una corte de Brownsville implementar estándares de protección contra acoso y abuso sexual en centros de detención de migrantes.
Pero Maldonado, el abogado de Quezada, afirma que las medidas no tendrán ningún efecto.
"No tengo nada de fe en que vaya a ser eficaz la 'nueva' política (...) el principal interés del Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia es protegerse a sí mismos", sentenció.
De hecho, aunque el anuncio del DHS sobre los estándares contra el acoso fue dado en septiembre, nunca se estableció cuándo comenzarían a ser implementadas las medidas.
Asimismo, la política de cero tolerancia, establecida en marzo, creó el puesto de Coordinador de Prevención de Abuso Sexual en la CBP. Hasta la fecha, nadie ha sido nombrado.
Además, el Departamento de Seguridad Interior no ha tomado en cuenta que el problema podría estar en las contrataciones, según Tomsheck.
Entre 2009 y 2015, al menos 21 agentes fronterizos han sido imputados o se han declarado culpables de delitos sexuales, y cinco fueron arrestados el año pasado.
De haber sido sometidos a pruebas más rigurosas, su historial habría salido a la luz antes de ser contratados, indicó.
"Hay individuos que probablemente habían cometido crímenes antes, pero sus actos no fueron detectados", señaló el ex encargado de investigar las acusaciones.
Mientras, muchos de los casos continúan impunes, y bastantes más han sido descartados.
Según datos del Departamento de Justicia, tan sólo en enero de este año fueron desechadas acusaciones de violación en el centro de detención de Karnes City, Texas, por presunta falta de evidencia.
Migrantes detenidas ahí afirman que un agente embarazó a una mujer y que han sido forzadas a tener sexo a cambio de dinero para comprar bienes básicos en la tienda del lugar.
Una mujer que presentó acusaciones fue amenazada, según las detenidas, con documentar reportes en su contra para perjudicar su proceso migratorio en las Cortes.
"Hay poca, si es que hay, rendición de cuentas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza saben que ni el Departamento de Justicia, ni Asuntos Internos, van a investigar las acusaciones, y el sindicato va a protegerlos sin importar qué tan serio sea el caso", dijo Maldonado.
¿Y los migrantes?, se le preguntó.
"No están a salvo", concluyó el abogado.
